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Compromiso con los derechos de las personas mayores: la seguridad como derecho básico
Dos mujeres de espalda delante de un río. La joven le pasa el brazo a la mujer mayor.
31 de mayo de 2021
Una reflexión desde la gerontocriminología
Un artículo de Iratxe Herrero Zarate, socióloga, gerontóloga y criminóloga
He leído con mucho interés el artículo publicado el 19 de abril de 2021 por HelpAge España en Geriatricarea (se abre en ventana nueva) sobre la falta de compromiso internacional para promover y respetar los derechos de las personas mayores.
Tristemente, esta escasa implicación de los Estados y Organismos internacionales no me resulta extraña, porque yo también la constato en más ocasiones de las que me gustaría en niveles de poder político más cercanos e, incluso, en la propia sociedad civil. Aunque no me resulte ajeno, sí me apena recibir este tipo de noticias porque supone reconocer que la falta de sensibilidad hacia los derechos de estas personas persiste y es transversal: atraviesa todos los estratos políticos y sociales. Y, a modo de tratamiento para no desanimarme, vuelvo a repetirme una idea que comparto, como un mantra, cada vez que tengo ocasión: los derechos de las personas mayores no caducan con la edad.
Efectivamente, resulta obvio: los derechos no caducan con la edad. Sin embargo, esta idea que generaría un amplio consenso si hiciéramos una consulta ciudadana, y que también queda excelentemente recogida en el aspecto teórico (leyes, protocolos, manifiestos…) suele diluirse con frecuencia cuando ha de transformarse en una acción —es decir, en algo práctico, tangible y evaluable—, que demuestre la verdadera intención de las palabras resultando que, en muchas ocasiones, tras eso que se llama “lo políticamente correcto”, lo que prevalecen son las acciones edadistas.
Desgraciadamente, este edadismo imperante en la sociedad, tan sutil como peligroso, supone la falta de protección de las personas mayores en la práctica diaria en situaciones como la actual pandemia. La situación vivida por las personas mayores en los centros residenciales ha sido una tragedia humana irreparable, pero no inevitable, que hemos amortizado demasiado pronto en la memoria colectiva. Quiero pensar —y, sobre todo, quiero que no se quede en un pensamiento— que esta dramática experiencia puede ayudarnos a visibilizar la necesidad de reconocer a las personas mayores como sujetos de pleno derecho en todos los ámbitos de la vida, comenzando precisamente por la salud como derecho fundamental para vivir.
Así como este reconocimiento de los derechos de las personas mayores está tamizado por el edadismo social y político, dentro de este conjunto de derechos, también hay algunos con un reconocimiento menor, como es el caso del relativo a la seguridad. Desde mi experiencia profesional, he observado que los derechos que suelen visibilizarse en el ámbito de las personas mayores corresponden mayoritariamente al cuidado y a la protección, relacionados, respectivamente, con situaciones de dependencia y maltrato que, en muchas ocasiones, están asociadas.
